Establece que los costos de administración, operación y mantenimiento de los sistemas de alumbrado público deben ser incluidos en el presupuesto anual de la entidad encargada del alumbrado público. Asimismo, se establece que estos costos deben ser cubiertos por los usuarios de los servicios de alumbrado público y que las tarifas deben ser fijadas por las autoridades competentes.
